El bloque de diputados del oficialismo, conducido por Fernando Navarro, manifestó una "profunda preocupación por el ejercicio antidemocrático e ilegal en el que incurre el Intendente de San Miguel, Joaquín De La Torre" con el avance de la Policía Municipal por afuera no sólo de la Constitución Nacional y Provincial sino también la Ley Orgánica de las Municipalidades.
"Nosotros militamos y abogamos por el ejercicio pleno de la autonomía municipal, pero es necesario hacer notar que una intencionada malinterpretación de la Constitución de la Nación puede generar mucho daño a la comunidad, sobre todo con un tema sensible como es la seguridad pública", sostienen los legisladores del Frente para la Victoria en el proyecto de resolución.
"El hecho de que el Honorable Concejo Deliberante haya dictaminado a favor de una pretendida norma de notoria inconstitucionalidad nos infunda una gran preocupación. Hemos hecho público nuestro repudio ante la comunidad, pero es hora que esta Honorable Cámara de Diputados sea expida, ya que nosotros consideramos que el único camino está en el marco constitucional, es nuestra razón de ser y por ese motivo estamos sentados en las bancas", manifiestan.
Y concluyen: "No queremos policías ilegales, queremos cuerpos de seguridad de la democracia. Esta maniobra profundiza la inseguridad constitucional por la que se rigen los municipios y que ponen de rehén a los verdaderos afectados, los vecinos de San Miguel".
En los fundamentos de la iniciativa, los diputados declaran que la norma resulta inconstitucional porque la creación de esta flamante fuerza, anunciada también por el propio De La Torre, es una competencia del Estado provincial. Y a esto hay que sumar otro factor: el hecho que extralimita los alcances de la misma autonomía municipal de acuerdo a la antes citada Ley Orgánica de las Municipalidades.
La jugada del Intendente local ocurre no sólo en un marco electoral, cuando falta apenas un mes para las primarias y menos de cuatro para las elecciones generales, sino a un año de haber rechazado la Policía Comunal promovida por la Gobernación bonaerense y que generó una importante polémica. Esa era una propuesta del Poder Ejecutivo que, tras recibir media sanción de la Cámara Baja con algunos cambios, pasó por el Senado y no superó ese filtro: el massismo -que tenía la primera minoría y números suficientes para impedir la aprobación- rechazó el texto y quedó cajoneado.
Daniel Scioli, finalmente, sacó la Policía Local a través de una resolución que habilitó a Alejandro Granados para disponer su implementación vía un decreto de su cartera, el Ministerio de Seguridad bonaerense. Si bien todos sus senadores dijeron que no cuando tuvieron la oportunidad, casi todos los jefes comunales suscribieron a la flamante división policial. Todos, salvo De La Torre, el más obstinado de todos y que empieza a ganar fuertes repudios.
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